Ciudadanos que han sufrido un accidente de tráfico


Introducción

Abogadoaccidentemalaga.es

Este artículo se plantea como una revisión de las disposiciones legales y sanitarias que regulan un aspecto que puede resultar controvertido en determinadas situaciones relacionadas con la necesidad que los actuarios de seguros tienen de explorar y acceder a datos que afectan a la salud y a la intimidad de los ciudadanos que han sufrido un accidente de tráfico, ante la posibilidad de que los interesados no presten su consentimiento. La revisión se extiende a la modificación que recientemente se ha introducido en la Ley 21/2007, de 11 julio, de Reforma de la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro de la Circulación de Vehículos a, de realizar una “oferta de indemnización o respuesta motivada” dentro de los plazos previstos.


II.  La protección de la intimidad

Los derechos relativos a la salud, a la autonomía personal y a la intimidad están entre los derechos de mayor protección en nuestro ordenamiento jurídico, y forman parte de los Derechos Humanos internacionalmente reconocidos. La enorme variedad de situaciones y circunstancias a que el tratamiento de una enfermedad o lesión da lugar, y las dificultades de su manejo en un mundo en el que la transferencia de la información es cada vez más automatizada, plantea serias dificultades, y exige el desarrollo de herramientas legales y reglamentarias específicas.

El marco normativo general proviene de la Ley General de Sanidad, que en su art. 10, parcialmente derogado, contempla que los usuarios de los servicios del sistema sanitario,  tienen entre otros, el derecho: “3. A la confidencialidad de toda la información relacionada con su proceso y con su estancia en instituciones sanitarias públicas y privadas que colaboren con el sistema público.”

Las dudas que podrían surgir en cuanto al ámbito de aplicación de este precepto entre los usuarios de los servicios sanitarios públicos o vinculados a ellos, con respecto a las distintas administraciones públicas sanitarias, queda solventado en el punto 15 del mismo art. 10, que establece: “15. Respetando el peculiar régimen económico de cada servicio sanitario, los derechos contemplados en los apartados 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 11 de este artículo art.10.1 EDL 1986/10228  art.10.3 EDL 1986/10228  art.10.4 EDL 1986/10228  art.10.5 EDL 1986/10228  art.10.6 EDL 1986/10228  art.10.7 EDL 1986/10228  art.10.9 EDL 1986/10228  art.10.11 EDL 1986/10228  serán ejercidos también con respecto a los servicios sanitarios privados.”

Una parte importante de los puntos originales de este artículo, en particular los referidos a la información del proceso y al consentimiento informado (apdos. 5, 6, 8, 9 y 11 art.10.5 EDL 2002/44837  art.10.6 EDL 2002/44837  art.10.8 EDL 2002/44837  art.10.9 EDL 2002/44837  art.10.11 EDL 2002/44837  ) han sido derogados con la entrada en vigor de una normativa específica: la Ley 41/2002, de 14 noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, más conocida como Ley de Autonomía del Paciente.

Dicha Ley incorpora los principios del denominado Convenio de Oviedo, o Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y la Dignidad del Ser Humano con respecto a las aplicaciones de la Biología y la Medicina, en particular en lo relacionado con la necesidad de reconocer los derechos de los pacientes, incluidos el derecho a la información, el consentimiento informado y la intimidad de la información relativa a la salud de las personas. Con esta Ley, la normativa española se incorpora al reconocimiento internacional de la importancia que tienen los derechos de los pacientes como eje básico de las relaciones clínico-asistenciales, e introduce el principio de supremacía del ser humano sobre el interés exclusivo de la sociedad, expuesto en el art. 2 del mencionado Convenio de Oviedo.

En su articulado, la Ley de Autonomía del Paciente define el tipo de información que debe ser recogida en el proceso terapéutico de un paciente, cómo debe ser organizada y regula el acceso a la misma del propio enfermo y de los a él vinculados.

A pesar de la protección que la información clínica merece, el propio preámbulo de la Ley ya apunta: “la presencia de otros intereses generales (…) que, cuando estén incluidos en normas de rango de Ley, pueden justificar una excepción motivada a los derechos del paciente. Se manifiesta así una concepción comunitaria del derecho a la salud, en la que, junto al interés singular de cada individuo, (…) aparecen también otros agentes y bienes jurídicos referidos a la salud pública, que deben ser considerados, con la relevancia necesaria, en una sociedad democrática avanzada.”

El manejo de la información clínica, definida y regulada en la Ley de Autonomía del Paciente, se ve comprometido con la introducción de las nuevas tecnologías de gestión y almacenamiento de la información en el ámbito sanitario. De ellas se ha obtenido una mejora en la ordenación y archivo de la documentación clínica, que permite un acceso más ágil y eficaz, a la vez que proporciona herramientas a la administración para cumplir las exigencias establecidas en la propia Ley, como la que establece al derecho del usuario a conocer, con motivo de cualquier actuación en el ámbito de su salud, toda la información disponible sobre la misma (art. 4, punto 1º). Pero esta automatización del proceso de recogida de datos no está exenta de riesgos, derivados de la eventual lesión del derecho a la intimidad que hemos visto tan protegido. La facilidad con la que la información sensible puede ser transferida e incluso publicada compromete derechos básicos de la persona, que justifican la promulgación de nuevas herramientas legislativas específicas, entre ellas la Ley de Protección de Datos de carácter Personal (LO 15/1999, de 13 diciembre), que tiene por objetivo confeso garantizar y proteger, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de las personas físicas, y especialmente de su honor e intimidad personal y familiar.

En dicha Ley de Protección de Datos de carácter Personal, los datos relativos a la salud de los ciudadanos gozan de especial protección (art. 7), y sólo podrán ser objeto de tratamiento cuando resulte necesario para la prevención o para el diagnóstico médicos, la prestación de asistencia sanitaria o tratamientos médicos o la gestión de servicios sanitarios, siempre que dicho tratamiento de datos se realice por un profesional sanitario sujeto al secreto profesional o por otra persona sujeta asimismo a una obligación equivalente de secreto.


III.  La obligación de resarcir y la necesidad de conocer el alcance de los daños

Es fácil comprender que la Valoración del Daño Corporal, en cuanto supone una invasión de la intimidad de la víctima para comprender adecuadamente la fisiopatología de las lesiones, no puede equipararse a una simple pericial de los daños materiales que pueda presentar el vehículo siniestrado.

Un estudio adecuado de las lesiones implica la realización de un examen médico completo, siguiendo los procedimientos clínicos clásicos (anamnesis, exploración, exámenes complementarios) y además disponer de acceso a los antecedentes patológicos del explorado, incluido el conocimiento de las enfermedades padecidas y de los accidentes previos para evaluar el impacto en la evolución y resultado final de las secuelas. Lógicamente, la profundidad y detalle de la exploración estará en función de la gravedad del daño sufrido, y en casos de lesiones leves, puede bastar con una simple anamnesis e inspección, y también en casos muy simples mediante un informe realizado a la vista de los documentos generados por el proceso.

Pero existen casos en que las molestias alegadas pueden tener un marcado componente subjetivo, y también en los que se prevé que van a quedar secuelas permanentes y es necesario conocer la capacidad de adaptación del lesionado a su situación funcional.

En estos casos, la valoración adecuada suele conllevar el conocimiento del estado anterior del lesionado, el estado funcional actual y su evolución e incluso la presencia de rasgos de personalidad psicopáticos o de patología psiquiátrica. Esta información, importante desde el punto de vista clínico para valorar el proceso morboso en su totalidad (no hay enfermedades, sino enfermos, dice el axioma), puede ser recibida por el explorado como una intromisión improcedente y generar un comprensible rechazo.

El conocimiento del estado anterior y de los antecedentes patológicos es también fundamental en todos los casos de lesiones cervicales derivadas de los síndromes de aceleración-deceleración (SAD), tan frecuentes en nuestro medio que han llegado a convertirse en verdadera epidemia, dado el carácter fuertemente subjetivo de sus molestias y la frecuencia relativa con la que se producen repeticiones de estas incidencias en un mismo individuo. En otras ocasiones, la valoración del estado funcional exige una exploración completa que puede ser dolorosa e incluso potencialmente peligrosa para el explorado, dentro de ciertos límites (realización de radiografías o TAC, por ejemplo). Todo ello obliga a una observancia rigurosa de la autonomía y consentimiento del paciente para ser sometido a examen.

Un elemento que puede generar dudas es el carácter de acto médico que reviste el procedimiento de valoración del daño corporal. Si entendemos con la OMS que la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y socio-económico aceptaremos sin duda que los actos encaminados a reparar el daño sufrido son actos curativos o asistenciales, que le son por tanto de aplicación todos los principios que regulan la relación médico-enfermo, y así debe ser en todos los aspectos que contemplan el respeto a la libertad de decisión libremente expresada.

Sin embargo, existen algunas diferencias de concepto que deben ser tenidas en cuenta a la hora de contemplar las normas de actuación que regulan este supuesto “acto médico”, y que le confieren de un carácter especial.


A.  La quiebra del principio hipocrático “primum non noscere”

Este principio, que implica que cualquiera que sea el resultado de la intervención terapéutica, la consecuencia final no puede suponer un empeoramiento del estado de salud achacable a la intervención terapéutica: lo importante es no hacer daño. Sin embargo, es necesario reconocer que cuando se realiza una valoración pericial, el resultado de la misma puede ser recibido por el propio enfermo o lesionado como un perjuicio: así ocurrirá, por ejemplo, en los dictámenes sobre la capacidad laboral de un enfermo que alega invalidez y en el que el resultado del informe médico conlleva su reincorporación al trabajo.

Es cierto que algunos facultativos pueden invocar una forma analógica de este principio cuando interpretan la duda en beneficio del enfermo. Este proceder puede resultar aceptable siempre que no esconda una actuación técnicamente inaceptable y que administre adecuadamente el concepto de probabilidad médica razonable y sus consecuencias. A pesar de ello, una pericial rigurosa en términos científicos puede ser recibida por el valorado como dolorosa en términos morales, lo que debe ser conocido (y aceptado) por el interesado con carácter previo a la evaluación.


B.  Conflicto entre el beneficio individual y la salud pública

La confianza se encuentra en la base de la relación médico-enfermo. El sustrato de dicha relación implica el reconocimiento de los roles mutuos de acuerdo a los cuales el paciente tiene el deber de facilitar los datos sobre su estado físico o sobre su salud de manera leal y verdadera, así como el de colaborar en su obtención, especialmente cuando sean necesarios por razones de interés público o con motivo de la asistencia sanitaria (art. 2, punto 5º de la Ley de Autonomía del Paciente). En contrapartida, el enfermo debe partir del convencimiento de que el personal sanitario tiene como objetivo único la curación o alivio de las molestias del enfermo.

En el ámbito médico-legal, la confianza no puede darse por supuesta, antes bien al contrario: la posibilidad de simulación (incluso consciente) debe ser expresamente contemplada y descartada. Si el rol asumido por el facultativo que realiza una valoración pericial es “conocer la verdad” aun en perjuicio objetivo del enfermo, una hipótesis a tener en cuenta es que la información sobre el proceso morboso va a ser seleccionada, filtrada y en ocasiones, ocultada por el paciente para la consecución de sus objetivos personales. El interés público derivado del conocimiento de las lesiones violentas movió en su día al legislador a establecer la obligatoriedad para el facultativo de comunicar a la autoridad judicial la comisión de hechos delictivos, incluso por encima de la obligatoriedad de confidencialidad a que obliga la relación médico enfermo: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, al Tribunal competente, al Juez de instrucción …” (art. 262 LECrim).

Es dudoso que este principio sea aplicable a los supuestos de accidentes de tráfico, teniendo en cuenta que el carácter delictivo de la conducta de los implicados no puede entenderse establecida hasta que se produzca una decisión judicial, ni siquiera es presumible de su naturaleza salvo en algunos supuestos flagrantes (alcoholemia, conductas dolosas). Sin embargo, la interpretación de este artículo ha motivado la práctica habitual de los servicios de urgencias sanitarios de comunicar la asistencia de lesiones traumáticas relacionadas con los accidentes de tráfico. Y a partir de esta comunicación es como en muchos casos se origina la apertura de diligencias judiciales penales, generalmente tramitadas como juicio de faltas.

Quizá sea este un buen momento para la revisión de la naturaleza de los “partes de lesiones” que se expiden desde los estamentos sanitarios hacia la autoridad judicial, con riesgo de quiebra de los principios de confidencialidad que rigen la asistencia sanitaria y que como hemos visto, gozan de la máxima protección legal. La nueva LECrim que se anuncia en el horizonte legislativo debería contemplar esta situación a la luz del respeto debido a los derechos personales y las corrientes predominantes actualmente en materia de deontología y bioética. En cuanto al principio de interés público que debe presidir la colaboración de los profesionales sanitarios con el estamento judicial, resulta difícil admitir que justifique la invasión de la intimidad de un enfermo que se niega a aportar la información clínica pertinente. El principio del interés público (de evitar un fraude, por ejemplo) debe ser valorado en su contexto y el derecho a la intimidad prevalecerá en todo caso salvo decisión judicial expresa.


C.  Conflicto entre Autonomía Personal y Coerción

Hemos visto la importancia que tiene la existencia de un consentimiento expreso con carácter previo a la práctica de un reconocimiento o al acceso a la información personal en los casos de lesiones con derecho a indemnización. Ahora bien, la validez de dicho consentimiento depende de la libertad de decisión del interesado, una vez recibida la información pertinente.

La libre capacidad de decisión puede verse condicionada cuando de ella depende la posibilidad de recibir una cantidad económica determinada con cuya cuantía y plazos puede la compañía de seguros presionar para obtener el consentimiento en un sentido determinado.

El conocimiento del alcance de las lesiones de un siniestro por parte de la compañía de seguros precisa del consentimiento expreso de la víctima, incluso para acceder exclusivamente a la documentación clínica, y ello independientemente de cuál sea el marco en el que se tramite la reclamación de indemnización (negociación entre los implicados, proceso penal o demanda civil). La compañía de seguros no podrá efectuar una oferta motivada en caso de negativa del lesionado a prestar su consentimiento o a aportar la información necesaria, y la prueba de la falta de cooperación del lesionado debería ser un motivo suficiente para eximir del pago de los correspondientes intereses de demora, y otras sanciones administrativas, salvo supuestos muy justificados. Es necesario, llegados a este punto, tomar un poco de perspectiva y dimensionar el problema a su trascendencia real. En la inmensa mayoría de los casos en que el paciente o lesionado niega su consentimiento a ser reconocido por los servicios médicos de una compañía de seguros, la reserva de la intimidad personal, aunque importante, no es el único elemento que condiciona la decisión: en el marco de un trato o negociación, la información proporciona elementos de poder objetivo para alcanzar el acuerdo más conveniente, o para forzar la decisión judicial en el sentido más favorable a los intereses de quien la haga valer. En otras palabras: el lesionado se niega a ser reconocido por los médicos de la compañía, a los que ve como empleados de la parte contraria (bien “motu proprio”, bien siguiendo el consejo de su asesor o abogado), con el propósito último de hacer valer el informe realizado por otro perito de su elección. Lo que se produce en este caso es la utilización de un derecho personal reconocido para condicionar la elección de perito por las partes. Una vez establecidas la confidencialidad y la intimidad como derechos individuales de la más alta protección, no queda duda sobre la capacidad del lesionado para decidir limitar e impedir el acceso de la compañía a su información clínica y a su propio cuerpo a los efectos de valoración de lesiones, aun a costa de retrasar y complicar la percepción del quantum indemnizatorio. Surge en este punto una nueva cuestión: ¿Puede el lesionado elegir el perito libremente? ¿Debe aceptar la compañía esta elección? La libre elección de facultativo es un derecho contemplado en la propia Ley General de Sanidad, pero con tantos condicionantes en la práctica que su materialización en casi imposible. En el ámbito de la medicina pericial y de los seguros, las posibilidades dependen del ámbito en el que se establezca la negociación o el litigio.

a) Dentro de las posibilidades que ofrece una negociación directa o arbitraje extrajudicial, ninguna de las partes está condicionada para la libre elección de peritos, de la misma manera que el dictamen de un perito seleccionado por la otra parte no tiene porqué  vincular a quien no ha participado en su nombramiento.

Una posibilidad, bien conocida en el sistema francés de seguros, es la designación consensuada de un perito que cumpla los requisitos exigidos por una normativa ad-hoc para ser acreditado como tal. En nuestro país, esta posibilidad está limitada por la falta de acreditación reconocida de la especialidad de Medicina de los Seguros o de Valoración del Daño Corporal. Existen listas de peritos establecidas por el propio Colegio Oficial de Médicos de acuerdo a lo previsto en la LEC, entre facultativos que voluntariamente solicitan ser incluidos en la lista de peritos en Valoración del Daño Corporal. Hay además multitud de títulos de Master, Magíster y demás, obtenidos en cursos de formación con diversos niveles de rigor científico muchos de ellos expedidos por Departamentos de Medicina Legal de las distintas Facultades de Medicina. Pero en la práctica no se exige ninguna formación acreditada ni titulación en concreto para la inclusión en las mencionadas listas.

En estas condiciones, ante la falta de una entidad independiente que acredite la capacitación específica de los facultativos para la realización de informes de Valoración de Daño Corporal, o al menos de unos criterios estándar de formación unificados y reconocidos, resulta difícil establecer como vinculante el dictamen de un facultativo seleccionado unilateralmente por una de las partes, incluso aunque provenga de las listas oficiales del Colegio Oficial de Médicos, o disponga de una titulación más o menos prestigiosa. Por lo tanto, es necesario (y conveniente) el consenso previo de ambas partes en la designación de un perito facultativo con carácter previo a la práctica del reconocimiento, en el ámbito del acuerdo o negociación extrajudicial. Ello supone reducir los problemas derivados del consentimiento expreso del lesionado para la práctica del reconocimiento.

Un capítulo importante que debe ser tenido en cuenta es el de los honorarios del perito, que en cualquier caso deben ser incluidos como gastos derivados del accidente y formar parte de la cuantía indemnizatoria total. No deben ser satisfechos exclusivamente por el lesionado a excepción de que la designación del facultativo se haya producido de forma unilateral por el lesionado sin conocimiento y aprobación de la compañía de seguros.

b) En el ámbito del orden jurisdiccional penal, al que impropiamente se dirigen en la actualidad muchos procedimientos relativos a cuestiones de seguros de responsabilidad civil derivados de accidentes de vehículos a motor, el panorama es diferente al existir la figura pericial independiente del médico forense.

El Cuerpo Nacional de Médicos Forenses es un colectivo de titulados superiores al servicio de la Administración de Justicia, que tiene como objetivo asesorar a los Jueces, Tribunales y Fiscalías en la resolución de los problemas médicos y biológicos que plantea el ejercicio del Derecho. En la práctica, los cometidos reales de los médicos forenses son algo menos ambiciosos que lo que expresa este enunciado y con la entrada en funcionamiento de los Institutos de Medicina Legal previstos en la LOPJ su actividad se ha ido estructurando en los servicios básicos que componen su organigrama: Patología Forense, Clínica Forense (Psiquiatría y Policlínica) y Laboratorio.

Los médicos forenses como valoradores de daño corporal constituyen hasta cierto punto una peculiaridad nacional, ya que en la mayoría de los países de nuestro entorno esta actividad la llevan a cabo peritos independientes no judiciales o especialistas clínicos. Un caso a destacar es el del Instituto Nacional de Medicina Legal portugués, cuyos especialistas médico-forenses realizan pericias a demanda de los particulares y compañías de seguros, sin necesidad de que sea necesario poner en marcha un procedimiento judicial, lo que conlleva un notable ahorro de energía procesal y de medios. Entre los defectos del sistema médico forense español está la falta de formación clínica especializada de los facultativos y una carga de trabajo superior a la que permitiría afrontar su misión con la debida dedicación. Sus virtudes más evidentes son la capacitación específica, la selección y acreditación previa por parte del Ministerio de Justicia, la designación independiente y automática, y la supervisión de su actividad por las reglas del procedimiento contradictorio y de doble instancia. Otro elemento a tener en cuenta es el de que sus honorarios corren por cuenta del contribuyente, lo que probablemente no se pueda poner en el capítulo de sus virtudes, ya que la jurisdicción voluntaria debería financiarse a partir de las costas del procedimiento. La designación judicial del médico forense como perito en la valoración de lesiones de cualquier tipo no exime de la obligación de recabar el consentimiento del interesado tanto para la realización de la exploración como para el acceso a su documentación clínica. En caso de negativa, el perito oficial comunicará al Juez la incidencia quien acordará lo que estime pertinente. En ningún caso se llevará a cabo una exploración corporal sin consentimiento del reconocido.

Es frecuente que la compañía de seguros solicite a la autoridad judicial que el reconocimiento médico forense se realice conjuntamente por parte del médico forense y del facultativo designado por la compañía (al que generalmente se había impedido el acceso al lesionado o a su historial clínico con anterioridad). La designación judicial no conlleva en este caso la suplantación del consentimiento que necesariamente debe expresar el lesionado. Por lo tanto, con carácter previo a la exploración se solicitará del reconocido consentimiento para llevar a cabo la exploración, por parte los dos facultativos, o por parte de uno con la asistencia del otro. La negativa al consentimiento deberá suponer la interrupción inmediata del acto pericial.

c) El tercer escenario en el que puede plantearse la reclamación es el del orden jurisdiccional civil, que en ocasiones se convierte en una segunda instancia, una vez fracasados los intentos previos de obtener un resultado favorable en el orden penal.

El proceso de selección y nombramiento de peritos ha mejorado de forma sustancial con la promulgación en el año 2000 de la LEC (arts. 335 y ss), dando lugar además una solución razonable del problema de la percepción de honorarios, mediante una sistemática de provisión de fondos que evita innumerables complicaciones. En síntesis, en el procedimiento civil corresponde a cada una de las partes aportar la prueba pericial, reservando la designación judicial a los casos en que así se solicite por las partes o resulte estrictamente necesario. A pesar de las diferencias que puedan darse en el proceso de designación, en la pericia rigen igualmente los principios contenidos en la Ley de Autonomía del Paciente. De acuerdo a lo dispuesto en su art. 2: “toda actuación en el ámbito de la sanidad requiere, con carácter general, el previo consentimiento de los pacientes o usuarios. El consentimiento, (…) debe obtenerse después de que el paciente reciba una información adecuada”. Nos encontramos por lo tanto en la misma situación que en la clínica, en la que la libertad del paciente/lesionado para aceptar la invasión de su intimidad debe ser respetada en cualquier caso, aunque implica admitir que una negativa a ser explorado supondrá una limitación insalvable para realizar una valoración veraz del daño sufrido. Esta situación se debe contemplar también desde el otro punto de vista, el del profesional médico encargado de la valoración. En el momento de recibir la “misión pericial”, el médico debe informar al enfermo de la naturaleza del reconocimiento, de su alcance y consecuencias, todo ello en lenguaje comprensible, y a continuación recabar su consentimiento que podrá ser:

– Concedido para todos los elementos significativos que precisa la valoración (esto incluye la investigación de la documentación médica relevante y los antecedentes patológicos de interés), lo que constituye la situación ideal.

El consentimiento que presta el paciente implica que el profesional queda obligado por la confidencialidad del acto médico a revelar únicamente aquélla información que es necesaria para la cuantificación del daño y reservarse toda la información no significativa e incluso la que estando relacionada no afecte al resultado final.

– Negado por falta de confianza o por cualquier otro motivo que no es necesario expresar. En este caso el profesional interrumpirá el acto de reconocimiento y comunicará a quien le encargó la pericia la imposibilidad de llevarla a cabo. Esta imposibilidad no excluye que se puedan hacer valoraciones pronósticas de tipo “genérico” acerca del tipo de lesiones que resulta médicamente razonable esperar de un mecanismo determinado, haciendo constar exactamente las condiciones en la que se ha realizado el dictamen, sin acceso al enfermo ni a la documentación confidencial.

– Negativa parcial. En el caso de que el lesionado acepte parte de la exploración pero se reserve el consentimiento para algunos aspectos de la misma (exploraciones complementarias, acceso a documentación o antecedentes), el perito valorará si dispone de elementos suficientes para emitir el informe solicitado, en cuyo caso deberá hacer constar las circunstancias particulares en las que se realiza el dictamen. Si considera que falta información o exploraciones significativas, se negará a emitir el dictamen y lo pondrá en conocimiento del decisor (juez o compañía de seguros). En el caso de negativa a reconocimiento la posibilidad de hacer una oferta de indemnización o respuesta motivada como la que exige la Ley queda mediatizada por la falta de información suficiente. En este supuesto deberán tenerse en cuenta las ofertas de la compañía de seguros de que la valoración sea realizada por un perito independiente, aceptable por el lesionado, o al menos con solvencia acreditada.


D.  Conflicto entre actuación terapéutica y actuación pericial

El acto pericial y el acto asistencial comparten toda la puesta en escena, formación, metodología, instrumental e incluso instalaciones. Es comprensible que el lesionado que acude a un gabinete pericial y se encuentra con personal facultativo, con un cuadro médico con especialistas de prestigio, que visten batas blancas, hacen preguntas, radiografías, y exploraciones físicas, espere de ellos un diagnóstico y un tratamiento que le ayuden a mitigar sus molestias. Y sin embargo, se trata de profesionales cuyo objetivo es la búsqueda de la verdad pericial, lo que puede suponer consecuencias que el lesionado perciba subjetivamente como perjudiciales, tal y como hemos visto con anterioridad. Es necesario, una vez más, insistir sobre la necesidad de informar acerca de la naturaleza y alcances del acto pericial, y obtener del interesado el consentimiento pertinente. La Ley 21/2007, de 11 julio, que modifica el texto refundido de la LRCSCVM en la circulación de vehículos a motor, confirma la obligatoriedad de hacer frente a los gastos de asistencia médica, farmacéutica y hospitalaria en la cuantía necesaria hasta la sanación o consolidación de secuelas, siempre que el gasto esté debidamente justificado atendiendo a la naturaleza de la asistencia prestada (número 6 del apartado primero del anexo). Así, es habitual que la compañía de seguros ofrezca un cuadro médico de su confianza para el tratamiento y rehabilitación, en su caso, del lesionado. Queda establecido que esta asignación no puede condicionar en ningún caso obligatoriedad para el paciente, cuyo derecho a la elección de profesional debe ser respetada. Por otra parte, si el paciente acepta voluntariamente ser asistido por los profesionales recomendados por la compañía de seguros, cualquier transferencia de información confidencial entre los facultativos y la compañía debe ser conocida, consentida y autorizada expresamente por el lesionado, sin que sea relevante el hecho de que los costes de la asistencia hayan sido o vayan a ser sufragados por la compañía de seguros. La doble condición de perito y médico asistencial en un mismo enfermo plantea problemas éticos de difícil solución, hasta el punto que el código deontológico considera que la actuación como perito es incompatible con la asistencia médica al mismo paciente (art. 43, punto 2º del código deontológico). La nueva redacción de la LEC introduce la interesante figura del testigo-perito (art. 370) para aquellos testigos que posean conocimientos científicos, técnicos, artísticos o prácticos sobre la materia a que se refieran los hechos del interrogatorio, el tribunal admitirá las manifestaciones que en virtud de dichos conocimientos agregue el testigo a sus respuestas sobre los hechos. Debe quedar claro, en cualquier caso, que el facultativo que ha tratado al paciente y recibido la información proporcionada libremente por él en virtud de la confianza de la relación médico-enfermo no puede revelar dicha información sin el consentimiento expreso del afectado. Así parece deducirse de la redacción del art.  371 que hace referencia a las actuaciones de los testigos con deber de guardar secreto, para los que el legislador deja al arbitrio del Tribunal la resolución de su participación.


IV.  Conclusiones

Sea cual sea el marco en el que se produce la actuación pericial (negociación directa, litigio civil o proceso judicial penal), le son de aplicación todas las normas reglamentarias que regulan la protección de la intimidad, la autonomía personal y la confidencialidad en el ámbito sanitario, aunque presenta diferencias sustanciales con respecto al acto médico con finalidad curativa. La protección de la intimidad y autonomía personal establecida por la legislación vigente ampara la capacidad del enfermo-lesionado para decidir si consiente someterse a un reconocimiento de valoración del daño corporal, y para autorizar cualquier comunicación de la información médica derivada de su proceso hacia la compañía de seguros obligada a resarcir el daño sufrido. En casos de negativa total o parcial a participar en el proceso de cuantificación del daño, la compañía debe acreditar que ha ofertado al lesionado la posibilidad de ser valorado por perito médico independiente acreditado para evitar las sanciones previstas en caso de ausencia de oferta de indemnización o respuesta motivada. La situación ideal es la que contempla un acuerdo previo entre compañía y lesionado sobre el perito que ha de realizar la valoración, lo que reduce los problemas derivados del consentimiento informado. Los costes de la valoración deben ser incluidos en los gastos asistenciales derivados del accidente, por tratarse de una actuación médica necesaria para la reparación del daño causado.

 

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